miércoles, 28 de noviembre de 2012

La Corte Suprema confirmó la pena de 14 años de prisión para el apropiador de Juan Cabandié


(Comunicado de prensa)
Abuelas de Plaza de Mayo comunica con satisfacción que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa del exoficial de Inteligencia de la Policía Federal, Luis Antonio Falco, contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, que condenó al represor a la pena de 14 años de prisión por la apropiación de Juan Cabandié, hijo de Damián Abel Cabandié y Alicia Alfonsín, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar.
Con la decisión del máximo tribunal, dada a conocer hace una semana, ha quedado firme la condena contra Falco, por lo que celebramos esta nueva victoria en el camino por la restitución de identidad, la búsqueda de verdad y justicia que llevamos adelante desde hace más de 35 años.
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2012.

jueves, 19 de mayo de 2011

La condena más alta para un ladrón de bebés

Luis Antonio Falco recibió, el martes 17 de mayo último, su condena por la apropiación de Juan Cabandié. La jueza María Servini de Cubría le dictó 18 años de prisión por retención y ocultación de un menor de 10 años, además de adulteración de estado civil y falsificación de documentos públicos. Falco obtuvo la máxima pena, hasta ahora, que haya recibido el apropiador de un hijo de desaparecidos.
La sentencia puede descargarse de la página de Abuelas:
www.abuelas.org.ar

viernes, 10 de septiembre de 2010

Juan Cabandié presentó el alegato en el juicio por su apropiación

Juan Cabandié, patrocinado por el equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, presentó hoy los alegatos en el juicio contra su apropiador, el ex oficial de Inteligencia de la Policía Federal, Luis Antonio Falco.

La querella reiteró el pedido de 25 años de prisión para el represor y apropiados, además de solicitar su inmediata detención.

El juicio por la apropiación del nieto Cabandié comenzó hace un año, y está llegando a su etapa final, la jueza tiene 20 días para dictar sentencia.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2010.

martes, 22 de diciembre de 2009

Un ex comisario de la Federal, allegado a Falco, dejó más dudas que certezas

El comisario (R) de la PF Jorge Mario Veyra declaró como testigo en la causa por la apropiación de Juan Cabandié. Consultado por la jueza Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal Nº 1, por las actividades del imputado Luis Falco entre 1976 y 1983, Veyra respondió que no se desempeñaba en una dependencia que él tuviera conocimiento. Acto seguido, no obstante, añadió “que estaba en el cuerpo de información”.
Durante la audiencia, Veyra trató de despegarse de cualquier vinculación con el acusado. “Yo era amigo del padre que fue mi superior entre 1956 y 1958 en la guardia de infantería de la policía. Al imputado lo conocí porque el padre lo llevaba a veces”, manifestó Veyra, quien agregó que recién lo volvió a ver muchos años después en el
Círculo Policial.
“Ahí conocí a su esposa y a sus dos hijos, Mariano y Vanina, de 10 u 11 años. Ambos figuraban como hijos del imputado, luego me enteré, porque se le dio amplia difusión en la prensa, que el hijo había sido apropiado ilegalmente –sostuvo Veyra–. No había una relación personal con el imputado, lo veía los fines de semana en el club, no podía sospechar una cosa así”.
Veyra dijo no saber nada del nacimiento de los chicos, a quienes vería asiduamente por una década. “Hay que entender bien esto”, remarcó, “mi concurrencia al
Círculo Policial era sólo sábados o domingos, se trataba de una relación entre socios de un club, no de amistad. Esto lo prueba el hecho de que el matrimonio se separó hace diez años y a él no lo vi más”.
Con relación a las labores de Falco en la superintendencia de Inteligencia de la PF, Veyra aseguró ignorar qué se hacía allí. “El cuerpo de información es completamente ajeno al personal de seguridad. Quien no pertenece a la dependencia desconoce el tipo de tareas que cumplen”.
Servini de Cubría preguntó a Veyra si conocía al ex subcomisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa y hoy imputado en la causa en la que se juzgan los delitos cometidos en el
circuito ABO. “Lo conocí porque revistió en el cuerpo de tránsito, donde yo estuve circunstancialmente, pero nunca tuve trato con ese elemento” (sic). Aún así, Veyra confirmó que entre los Falco y los Miara existía una relación de amistad.
Sobre el cierre de la audiencia, el abogado de Abuelas Alan Iud preguntó al testigo cuál era la ubicación de la Superintendencia de Seguridad Federal entre el 76 y el 78. “¡Hable fuerte!”, replicó Veyra, como si se dirigiera a un efectivo policial. Una vez que escuchó la pregunta, contestó a la defensiva que “eso lo sabe cualquiera,
Moreno 1417, elemental”, y a la segunda pregunta que formuló Iud –"¿Sabe dónde funcionaba la División Central de Reunión"–, Veyra dijo que no sabía.
Nada dijo tampoco, en su testimonio de media hora, sobre las esvásticas que le regalaba a Luis Antonio Falco, ni acerca de su estrecho vínculo con la familia. De hecho, fue señalado en su momento por Juan Cabandié como una suerte de padrino de él y de su hermana Vanina. Juan recordó que Veyra (alias "Pájaro loco") se jactaba de todos los estudiantes universitarios que “se había cargado” en operativos ilegales. Víctor Lucchina, otro testigo de la causa, también lo mencionó su declaración. La otra testigo prevista para la audiencia de hoy, Beatriz Castillo, mujer del ex subcomisario Miara, no se presentó a declarar.

miércoles, 16 de diciembre de 2009

Un represor y una apropiadora declararán como testigos en el juicio contra Falco

El próximo martes 22 de diciembre a las 10, en el Palacio de Justicia, Talcahuano 550, declararán el ex policía federal Jorge Mario Veyra y Beatriz Alicia Castillo, apropiadora de los mellizos Reggiardo Tolosa. En caso de que no se presenten ante la jueza María Servini de Cubría, serán llevados por la fuerza pública.
Veyra, viejo amigo de Luis Falco, se desempeñó durante 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal, donde incluso habría integrado el grupo de tareas de esa fuerza que operaba en la Capital Federal y Gran Buenos Aires (GT4). Antes de la dictadura, Veyra –alias “Pájaro loco”– fue uno de los responsables de los grupos operativos de la “Triple A”, con el grado de oficial.
En su testimonio, Juan Cabandié contó que Veyra (que hacía las veces de padrino de él y de su hermana Vanina) le regalaba revistas militares y uniformes de fuerzas especiales. “¿Cómo está mi cadete?”, era el saludo de Veyra cuando Juan, en séptimo grado, asistía a una academia preparatoria para el Liceo Militar. Según Juan, Veyra hacía gala de “cuántos estudiantes universitarios se habían cargado” en operativos durante la dictadura y llegó a justificar el genocidio nazi. “Cuando crezcas vas a saber cómo son los judíos”, le dijo.
Beatriz Catillo, por su parte, es la mujer del ex subcomisario Samuel Miara, quien fuera juzgado por el delito de retención y ocultamiento de menores de 10 años reiterado (dos hechos) en concurso real, ya que en mayo de 1977 inscribió como propios a los mellizos hijos del matrimonio compuesto por Juan Enrique Reggiardo y María Rosa Ana Tolosa, ambos secuestrados en febrero de 1977 y hoy desaparecidos.
De estos delitos, previstos en el reformado artículo 146 del Código Penal, resultó también coautora Castillo, quien no desconocía el origen de los niños e incluso simuló la continuación de un embarazo que en realidad había perdido, esperando le entregaran a los pequeños para así hacerlos pasar como propios.
Por estos crímenes, Miara fue condenado a la pena de 12 años de prisión, gozando de los beneficios de la libertad condicional luego de siete años y medio de cumplimiento efectivo. Su esposa recibió una pena de cinco años y seis meses de prisión, cumpliéndola en forma efectiva durante tres años.

martes, 29 de septiembre de 2009

Científicos del BNDG respaldaron el examen que determinó la verdadera identidad de Juan

“No era posible excluir el vínculo por rama paterna entre Mariano Andrés Falco (Juan) y el grupo familiar Cabandié-Alfonsín”, fue la conclusión a la que arribaron los especialistas del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) en la cuarta audiencia pública por la causa contra el ex policía Luis Falco.
Oscar Santapá, perito del BNDG, María Belén Rodríguez Cardozo, actual coordinadora del Banco, y Ana María Di Lonardo, directora de la institución al momento del análisis de ADN, coincidieron ante la jueza María Servini de Cubría acerca del carácter indubitado de la filiación entre Juan y sus padres desaparecidos, Damián Cabandié y Alicia Alfonsín.
Santapá, de profesión técnico químico, explicó: “Estos estudios se hacen internacionalmente, están aprobados y estandarizados para determinar vínculos genéticos entre individuos. A partir de los niveles de exigencias establecidos por la Sociedad Internacional de Genética Forense, el grado de probabilidad en el análisis alcanza el 99,98 por ciento”.
Experta en inmunología clínica, Di Lonardo puntualizó que si bien no es posible hablar de certezas en este tipo de análisis, más que para afirmar la exclusión, está segura de que ningún examen nuevo pondrá en duda “los altos porcentajes de abuelidad materna y paterna obtenidos”.

El rostro de la lucha
Antes de los testimonios de los científicos, declaró Yole Opezzo, ex compañera del abuelo paterno de Juan. Aunque sin lazo sanguíneo con Damián, para ella era su hijo, así como Juan es su nieto. Yole recordó que, en noviembre de 1977, momento en que desaparecieron, Damián Cabandié era delegado gremial en la vieja ENTEL y Alicia trabajaba para una farmacia.
“Ella venía todos los días para mi casa pero un día dejó de venir, entonces fuimos con su mamá a averiguar y nos enteramos que diez personas de fuerzas conjuntas había ingresado en la habitación que alquilaba con Damián. La estaban esperando, cinco arriba y cinco abajo”.
A todo esto, su marido hacía días que no había vuelto del trabajo y desde ENTEL habían mandado una carta diciendo que estaba por quedar cesante por acumulación de faltas sin justificación. Evidentemente, ya era un desaparecido.
Alicia y Damián se habían casado el 23 de diciembre del 76 y, luego de vivir un tiempo en casa de Yole, aunque con poca plata, decidieron alquilar una habitación e irse a vivir juntos. De allí, un año más tarde, se llevaron a Alicia, de sólo 16 años, “a los golpes y en un camión de sustancias alimenticias”. Durante el operativo “se repartieron la plata en el baño” y vaciaron completamente el cuarto.
Yole comenzó la búsqueda, golpeó puertas, reclamó en la calle y en la plaza, le tiraron balas de goma y agua fría. “Todas luchábamos mucho, era bravo, las que nos animábamos”. La denuncia de una ex partera de la ESMA publicada en la revista La Semana fue el detonante para la recuperación de Juan. Yole se incorporó a las Abuelas de Plaza de Mayo y, pista por pista, logró que el bosque de la verdad abriera camino.
Fue en 2004. Ahí estaba Juan, que era Cabandié, que era Alfonsín.
(Facundo Rattel)

viernes, 25 de septiembre de 2009

Un ex agente identificó a Falco como uno de los jefes del grupo de tareas de Seguridad Federal

Armando Víctor Lucchina, testigo en la tercera audiencia pública del juicio contra Falco, fue efectivo de la Policía Federal (PF) entre 1971 y 1980. Durante la última dictadura, trabajó en la Superintendencia de Seguridad Federal y precisamente allí conoció al acusado. “Falco tenía su oficina en el primer piso del edificio, donde estábamos nosotros, la guardia de prevención. Era jefe de Despachos Generales. Dependíamos administrativamente de esta oficina, a la que entregábamos listas de detenidos, novedades, cobrábamos ahí”.
En el edificio, situado hasta hoy en Moreno 1417 de la Capital Federal, funcionó un centro clandestino de detención. Luchina, testigo en el Juicio a las Juntas y recientemente en la causa por la Masacre de Fátima, sostuvo que Falco “como todos los jefes” participaba de la coordinación.
La prisión policial, en el tercer piso, se llenó de detenidos-desaparecidos, tanto que se utilizaron dos plantas más para hacinarlos. “Tiempo después del golpe, me ordenaron que vaya al cuarto piso. Habían desalojado una oficina, había una persona al lado de la otra, en el suelo, las manos atadas, con capucha o con los ojos vendados, y cada uno con una cartulina que decía su nombre y la organización que supuestamente integraba”.
Lucchina contó que los miembros del grupo de tareas, “para mandarse la parte”, golpeaban a los detenidos, o cruzaban la oficina a los saltos, “pisoteándolos y saltándoles por arriba”. Falco entraba y salía de todas las oficinas, iba de un piso a otro, accedía periódicamente a los espacios donde estaban los detenidos.
“Los jefes”, como los definió Lucchina, “se reunían, tenían un trato común, salían y comían juntos. Carlos Gallone –condenado a perpetua por la Masacre de Fátima–, Miguel Ángel Trimarchi –absuelto absurdamente en dicha causa–, “El Japonés Martínez” y Samuel Miara, eran algunos de los cabecillas de la patota policial.
Como Falco y su amigo Jorge Mario Veyra, “Pájaro loco”, mencionado por Juan Cabandié en su declaración y un triste recuerdo para Lucchina: “Veyra estaba en el cuarto piso, siempre andaba de civil pero cuando pasaba lista en el playón se ponía uniforme y nos podía arrestar y golpear por cualquier cosa: por no tener un zapato lo suficientemente lustrado, por llevar el pelo un poquito largo, llamaba al armero para que controlara si nos faltaba una bala o si el arma estaba sucia”.
Un escalafón abajo de “los jefes” se encontraba el personal del grupo de tareas, el más notorio “el Turco Julián”, sargento primero, alias “el Carnicero” y en palabras de Lucchina “el más lenguaraz”. Pero también el sargento Block, el comisario inspector Marcote (alias “el Lobo”), entre otros. “Llevaban a los detenidos destrozados. Aunque yo no presenciaba la tortura, veía los resultados. Los prisioneros tenían entre 16 y 25 años, chicos, como yo, que tenía 24. También había mujeres, al llegar contaban que habían sido violadas. Yo hablaba con ellos. Llegaban muy lastimados, hasta quemados porque los habían rociado con alcohol y prendido fuego”.
La picana era práctica habitual. Pero no sólo los detenidos contaban sus padecimientos. Los represores se jactaban de sus crueldades. “A éste le di 220 directa”, decían. Intercambiaban detalles sobre los tormentos que aplicaban. Narraban los abusos a los que sometían a las mujeres.

“Acá somos la CIA”
Los miembros de la patota se consideraban a sí mismos como una “elite”. “Acá somos la CIA”, ilustraban. “Al personal de Seguridad Federal no se lo podía saludar por la calle por el tipo de tareas que desarrollaban, ya que esto podía dejarlos al descubierto”, señaló Lucchina.
Todos los días, uno de “los jefes”, con rango de subcomisario en general, quedaba a cargo toda la noche de los detenidos. Por lo tanto “tenían pleno conocimiento de lo que sucedía en el edificio: torturas, ejecuciones ilegales, traslados a otros centros clandestinos de Seguridad Federal en la Capital, Atlético, Olimpo, Orletti, Azopardo y Garage Cepita”.
“Las detenciones eran cada vez más. Los calabozos se llenaban. Muchas veces retiraban a esta gente y al otro día, yo lo veía en el diario, aparecía muerta en supuestos enfrentamientos. Eran ejecuciones montadas”, afirmó Lucchina, quien añadió que “el grupo de tareas operativas” salía por la noche y volvían de madrugada con los detenidos ilegales, los “RAF”, como los llamaban, en alusión a la Royal Air Force británica, “porque como los aviones estaban en el aire”. La lista de los “RAF” cambiaba minuto a minuto.
Como el resto de la custodia del edificio, Lucchina percibía los movimientos que anunciaban la proximidad de algún mega-operativo: la presencia del ministro del Interior, coroneles y almirantes, o el arribo de grandes cargas de trotyl y de armas de grueso calibre. “El único que no veía todo esto era el cieguito que vendía golosinas al lado del ascensor, pero aún siendo ciego se daba cuenta y me lo decía”, subrayó.
Al cierre de la declaración, la jueza Servini de Cubría –que de a ratos se durmió, como en las audiencias anteriores– dio paso a las preguntas de la fiscalía y la querella. No obstante, los abogados de Abuelas se vieron impedidos de hacerlo por una chicana del letrado defensor de Falco, Diego Martín Sánchez, quien planteó que por ser patrocinantes y no apoderados, en ausencia del querellante, Juan Cabandié, no podrían hacer preguntas.
La magistrada, después de una breve deliberación con sus secretarios, decidió hacer lugar al planteo, dejando “en suspenso” las preguntas de la querella hasta una próxima oportunidad. Sánchez pidió de inmediato que se le exhibieran a Lucchina unas fotos de “Luis Francisco Falco”, seguramente otro policía con el mismo apellido que el imputado, para hacerlo trastabillar en su testimonio. Pero se extralimitó en su juego sucio.
La fiscalía, en su intervención más activa a lo largo de todo el proceso, impugnó la pregunta por “indicativa” y a cambio pidió que se le mostraran a Lucchina otras fotos. El testigo identificó sin vacilar a Samuel Miara y, sin asociar con un nombre, al hombre que lo acompañaba. “Entraba y salía de Seguridad Federal con el resto de los jefes”, completó. Ese hombre era Falco.

“Damián ya no vuelve”
Además de Lucchina, se presentó a declarar Wilfredo Cabandié, abuelo de Juan, quien relató que Alicia, su nuera, estaba embarazada de siete meses al momento de ser secuestrada junto con su hijo Damián. “Vivían en la calle Solís 688. Se llevaron todo, incluso la ropa para el bebé. Recibí una llamada de Damián, preguntó por mí, pero yo no estaba. Después nada más”.
Wilfredo contó su búsqueda, las extracciones de sangre que se hizo para el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y el día en que conoció a su nieto Juan en la Casa de las Abuelas. “La tristeza de un padre no se puede medir –manifestó–. Cuando se busca a un hijo no se sabe qué hacer. Ni siquiera tiene un sitio para llevarle flores. Gracias a Dios tengo a mi nieto y a mi bisnieto. Damián ya no vuelve”.
Los otros dos testigos convocados por la querella, el nieto restituido Matías Reggiardo Tolosa y su apropiadora Beatriz Castillo, amiga de los Falco, no se presentaron. La última audiencia pública se realizará el próximo martes 29 de septiembre.